En
Barcelona funciona el primer Banco de ADN para la identificación de los
familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura
franquista.
Mientras
que en Kosovo se identifican hasta mil cadáveres por ADN cada año y en
Guatemala el propio gobierno obliga a los organismos sanitarios a buscar
el ADN de las víctimas de sus crímenes de Estado, España sigue siendo
el segundo país en el mundo con más fosas comunes sin abrir, después de
Camboya. Estos datos, publicados por la ONU tras la visita de dos
emisarios en septiembre de 2013 y enero de 2014, hablan por sí solos. La memoria histórica no figura en la agenda política de este país.
Sin embargo, desde la sociedad civil cada vez es mayor el interés por
descorrer el manto de olvido con el que se ha querido sepultar todo lo
ocurrido durante la Guerra civil y los cuarenta años de dictadura
franquista. Uno de los ejemplos más destacados puede verse en Barcelona,
donde funciona el único banco de ADN para la identificación de los
familiares desaparecidos en la Guerra civil que existe en el Estado
español.
A
raíz del encuentro fortuito de dos bisnietos de combatientes
republicanos que asistían a una charla del Memorial Democràtic en 2010,
se impulsó esta iniciativa pionera que busca recolectar el testimonio
genético de los familiares vivos de los desaparecidos, antes de que sea
demasiado tarde. "Nos dimos cuenta de que, como el Gobierno no tiene
ningún plan estipulado y con la Ley de Memoria Histórica no hacemos
nada, si no cogemos las muestras de ADN rápido, no quedará ninguna
prueba, porque muchos de estos familiares directos están muriendo. Así
que nos pusimos a trabajar a contrarreloj" explica Roger Heredia, miembro del grupo de policía científica de los Mossosd'Esquadra y uno de los impulsores del banco de ADN.
"Mi
bisabuelo, natural de la Torre de l'Espanyol (Ribera d'Ebre) al igual
que yo, desapareció durante la Batalla del Ebro y nunca se ha sabido
nada más de él. Los compañeros que estaban con él en la trinchera nos
contaron que cuando lo mataron, en octubre de 1938, vieron como se lo
llevaron en una camilla y es eso lo último que sabemos" relata Roger.
Algo muy similar es lo que ha vivido Marc Antoni Malagarriga,
cuyo tío desapareció en un campo de trabajo situado en La SeuD'Urgell
y, pese a haber hecho todos los trámites pertinentes en la Generalitat
para la investigación, no ha obtenido ninguna información acerca del
paradero de su familiar.
Así
las cosas, Roger y Marc se pusieron inmediatamente en contacto con el
equipo médico de genética forense de la Universidad de Barcelona,
encabezado por la Dra. Carme Barrot, para proponerles la creación del
Banco de ADN. La respuesta fue un sí rotundo, aún tras reflexionar sobre
los importantes obstáculos que se encontrarían en el camino: el dinero,
para empezar. "Cuando nos lo plantearon lo primero que pensamos fue
cómo íbamos a financiarlo porque no está la situación como para cargar a
las familias con grandes gastos. Preparar el perfil de un desaparecido
ronda los 2.000 euros, así que resolvimos no hacer eso de momento, sino
tomar la muestra de ADN —que cuesta 150 euros— y conservar el extracto
seco hasta que podamos abrir las fosas y tengamos con qué comparar.
Ahora, coste mínimo y asegurar la prueba. Luego ya buscaremos cómo lo
financiamos" explica la Dra. Carme Barrot, coordinadora del Banco.
El
dinero no tendría que suponer ningún problema si España cumpliera con
el tratado internacional por el cual, en los países donde ha habido un
conflicto bélico, los gobiernos están obligados a acarrear con la
identificación de sus víctimas. Pero la Ley de Memoria Histórica
que rige en el Estado español desde 2007 incumple este pacto y dispone
que serán las propias familias las que, a petición suya, pagando la
exhumación y encontrando la fosa, podrán buscar los restos de sus
parientes.
En
Catalunya la situación es un tanto diferente porque, según la Ley de
Memoria catalana sancionada en el 2009, no ha de ser la familia la que
costee la apertura de la fosa sino la Administración. Pero no todo es
oro lo que reluce y la normativa —pese a ser más avanzada que la
española— contiene entre sus artículos una cláusula que complica las
cosas: si tan solo uno de los familiares se niega, la fosa no puede
exhumarse.
Ante
el incumplimiento sistemático del acuerdo internacional por parte de
España, las asociaciones por la memoria histórica de todo el país
consiguieron elevar la alarma a la ONU y que dos emisarios vinieran —en
septiembre del 2013 y enero del 2014— a certificar la falta. Los
impulsores del Banco de ADN de Barcelona se reunieron con ellos y, tras
obtener un informe desastroso de la ONU- "nos dijeron que en toda su
carrera nunca habían visto una diferencia tan grande entre lo que dijo
que había hecho el gobierno y lo que le contaron las familias que,
efectivamente, se hizo" remarca Roger- informaron al Parlament de Catalunya de esta visita y de su proyecto.
La
presión del dedo acusador de la ONU surtió efecto y, rápidamente
(diciembre del 2013) los diputados aprobaron con amplia mayoría una
moción que instaba al Gobierno catalán a impulsar y divulgar el Banco de
ADN; modificar la ley de fosas, porque ésta impide exhumar
sistemáticamente; y actualizar el mapa oficial de fosas en Catalunya,
porque solo constan 240 y se cree que existe un centenar más. Ahora
bien, el plazo que el Parlament tenía para cumplir lo formulado en la
moción se acaba de vencer- a finales de junio-y ninguno de los puntos se
ha llevado a cabo.
"El
primero, que era el de la difusión del Banco de ADN, no lo han hecho
porque en vez de mandar un documento a las familias informándoles de
nuestra existencia, les enviaron una solicitud para pedir información
"sobre proyectos privados" —ni siquiera nos nombran— que la gente tiene
que reenviar a la Generalitat. Es absurdo" se queja Roger Heredia. De
hecho, tanto él como la Dra. Barrot denuncian que el Memorial Democràtic —organismo público destinado especialmente a la reconstrucción histórica— nunca les ha querido prestar atención.
Tampoco el Gobierno catalán ha cumplido la modificación de la Ley de Fosas Comunes
para desbloquear la exhumación y que las comparaciones del material
genético pueda llevarse a cabo, siendo que en Catalunya a día de hoy
solo se han abierto dos —de las 240 que figuran en el mapa oficial— como
prueba piloto. "Para abrir las fosas tenemos todo lo necesario:
acuerdos con la UB; forenses, antropólogos y arqueólogos voluntarios;
gente que quiere hacer tesis o prácticas; campos de trabajo. Pero lo que
no hay es voluntad política" reclama la Dra. Barrot.
La
falta de apoyo gubernamental no paraliza al equipo del banco genético
que, mientras espera que las fosas puedan abrirse, sabe que hay que
aprovechar al máximo el tiempo, sobre todo si se tiene en cuenta que se
han tardado 70 años en empezar a investigar este capítulo oscuro de la
Historia. El plan es recoger el mayor número posible de muestras de ADN
—de momento tienen 30— principalmente de hijos directos de los
desaparecidos, porque son los familiares que tienen más edad (casi todos
rondan los 75 años), para luego compararlas con las de los cuerpos que
se encuentren en las fosas.
El
siguiente paso es conseguir que se respete lo dispuesto por los
tratados internacionales en materia de Memoria histórica. "Primero vamos
a intentar hablar directamente con el Presidente de Catalunya y si aquí
no nos hacen caso, iremos con las conclusiones oficiales de los
relatores de la ONU al Tribunal de La Haya o a Estrasburgo, donde sea
—asegura el impulsor del Banco— No puede ser que el Gobierno haya hecho
una inversión cero y aún se ría de nosotros porque la parte ganadora
está toda identificada, descansando en los cementerios y, en cambio, a
los perdedores hay que dejarlos como están porque localizarlos es
reabrir heridas. Las heridas nunca se cerraron".
* Publicado en “Público”
Imagen de Guillem Sans