Documento con fecha
domingo, 07 de octubre de 2012.
Publicado el
domingo, 07 de octubre de 2012.
Autor:
Alejandra Dandan.Fuente: Página 12 - Argentina.
La investigación por el asesinato del obispo Enrique Angelelli acaba
de ser elevada a juicio oral. La arquitectura de la acusación que
construyeron los fiscales federales Darío Edgar Illanes y Carlos Gonella
tiene un agregado: muestra por primera vez en clave penal el rol que
cumplió la jerarquía de la Iglesia Católica argentina durante la
dictadura. Los fiscales dicen que no fue un rol silencioso ni sólo
cómplice, sino un “rol activo” en las políticas del terrorismo de
Estado: “El terrorismo de Estado fue un fenómeno mucho más complejo que
el que intentan demostrar algunas miradas miopes, que lo reducen al
accionar de las Fuerzas Armadas. En esta causa queda particularmente
demostrado que el terrorismo de Estado 1976-1983 actuó criminalmente
bajo el amparo de la jerarquía de la Iglesia Católica en Argentina”. O
con otras palabras: “Que el sistema represivo operó en coordinación y
con el consentimiento de la Iglesia, o al menos de buena parte de su
jerarquía”.
Sobre el caso Angelelli, Gonella e Illanes concluyen que el obispo
murió en “un atentado” producto de un “accidente intencional”: “Podemos
afirmar con seguridad –explican– que la colisión automovilística donde
monseñor Enrique Angelelli perdió la vida fue provocada de forma
deliberada por otro vehículo que venía siguiéndolos” a él y al sacerdote
Arturo Pinto, que salvó su vida milagrosamente “por razones ajenas a la
voluntad de los acusados”.
Por el crimen imputaron a Jorge Rafael Videla y al ex ministro del
Interior Albano Harguindeguy, que “emitió directivas precisas para
eliminar los grupos vinculados al Movimiento de Sacerdotes del Tercer
Mundo”; al ex jefe del III Cuerpo del Ejército Luciano Benjamín
Menéndez; y a dos jefes del aparato represivo de La Rioja: el
vicecomodoro Fernando Estrella, acusado en el juicio abierto por los
curas de Chamical, y entonces segundo de la base de la Fuerza Aérea
(Celpa), que funcionó como centro clandestino, y al entonces jefe de la
D2, el ex comisario Juan Carlos Romero.
Para conectar la relación entre el rol de la jerarquía de la Iglesia y
la causa Angelelli, los fiscales indican que de “la abultada prueba
surge de que las persecuciones a los curas riojanos fueron puestas en
conocimiento de la jerarquía regional y nacional”. Pero a partir de ese
momento, y antes de situar la historia del obispo dentro del desa-rrollo
y la persecución al Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo
(MSTM), explican por qué dicen que el sistema operó en coordinación y
acuerdo con la Iglesia. “Resulta de singular importancia mencionar que
así como en otras investigaciones ha quedado claro el rol desempeñado
por otras instituciones estatales durante el terrorismo de Estado, como
el Poder Judicial, en la presente causa se ha demostrado que el sistema
represivo instaurado por las Fuerzas Armadas operaba también
criminalmente como aparato de poder organizado en coordinación y con el
consentimiento la Iglesia Católica argentina, o al menos buena parte de
su jerarquía”, dicen. En ese sentido, toman como prueba “el registro”
revelado hace unos meses sobre la entrevista que mantuvo el 10 de abril
de 1978 Videla con la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal
Argentina, representada en ese acto por el obispo Vicente Zazpe y los
cardenales Raúl Primatesta y Juan Aramburu.
El contenido del documento que forma parte de los archivos secretos de
la Iglesia fue revelado por Horacio Verbitsky en Página/12. “En la
reunión entre Videla y el Episcopado queda claro que en forma conjunta
se buscaron soluciones para el problema de los desaparecidos –dicen los
fiscales–, y que esas soluciones no fueron justamente blanquear la
situación, informar sobre el destino de las personas, sino todo lo
contrario.”
Primatesta escribió en el documento que, durante el encuentro, Videla
se mostró preocupado porque los obispos habían usado la palabra “presos
políticos”. Les dijo que “en el ámbito internacional y periodístico esos
términos se interpretan como que acá hay presos por sus opiniones
políticas, o por cuestiones raciales o religiosas, cosa que no es
cierta: los que están presos –y citó casos concretos como el de
Timerman– no lo están por esas causas sino por razones que hacen
directamente a la guerrilla”. Primatesta le dijo a Videla que “se había
tratado de una ‘nomenclatura vulgar’ y que no hubo otra intención”. Y le
explicó que el problema que tenían ellos era el reclamo de los obispos,
que a su vez recibían las quejas de los familiares, y que se acercaba
el viaje para la Asamblea de Puebla, en el que los recibiría un ambiente
“no local” donde se “pueden hacer cuestionamientos que de algún modo
tendremos que responder”.
El texto transcribe lo que sigue: “El presidente respondió que
aparentemente parecía que sería lo más obvio decir que éstos ya están
muertos, se trataría de pasar una línea divisoria y éstos han
desaparecido y no están; pero aunque eso parezca lo más claro sin
embargo da pie a una serie de preguntas sobre dónde están sepultados;
¿en una fosa común? En ese caso, ¿quién los puso en esa fosa? Una serie
de preguntas que la autoridad del gobierno no puede responder
sinceramente por las consecuencias sobre personas. Se estuvo dialogando
sobre la necesidad de buscar alguna solución...”, dejó escrito el
cardenal sobre la entrevista en la que poco más tarde, por la
reconstrucción, él dice que “la Iglesia quiere comprender, cooperar”.
“Es realmente asombroso el tratamiento que efectuaron los prelados
sobre la ‘nomenclatura vulgar’”, señalan los fiscales. “Pero lo más
asombroso e indignante resulta el sesudo análisis sobre ‘los
desaparecidos’ y los problemas que podría generar en Puebla”, la III
Conferencia General del Episcopado Latinoamericano que se iba a hacer el
27 de enero de 1979 en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, de
México, para continuar con los lineamientos de la II Conferencia General
de Medellín.
En ese punto recuerdan una frase de Aramburu sobre el final del
encuentro: “Le sugerí que por lo menos dijeran que no estaban en
condiciones de informar, que dijeran que estaban desaparecidos, fuera de
los nombres que han dado a publicidad”. También recuerdan la frase del
propio Videla a la revista cordobesa El Sur, en la que dijo que: “Los
obispos nos asesoraron sobre la forma de manejar el tema de los
desaparecidos”.
Primatesta va a aparecer nuevamente en la historia de Angelelli, esta
vez como la persona que “gestionó” su “alejamiento” de la provincia de
Córdoba y le dijo al vicario castrense del Ejército Victorio Bonamín:
“Ojalá se lleve a los compinches”.
Pese al modo de construir en clave penal la participación de la
Iglesia en la dictadura, los fiscales no avanzaron con una acusación
contra ninguno de los obispos. Gonella dice que no lo hicieron porque
todos los que aparecen están muertos y que él mismo dijo, en uno de los
juicios de Córdoba, que si Primatesta estuviese vivo estaría entre los
acusados.
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