Una juez argentina acepta un caso de fusilados del franquismo en Gran Canaria
EFE
- Las Palmas de Gran Canaria
El Juzgado Federal número 1 de Buenos Aires ha
aceptado la querella interpuesta contra España por los familiares de
cinco republicanos fusilados en 1937 por partidarios de la sublevación
franquista en el municipio de San Lorenzo (Gran Canaria), que fue
disuelto tras aquellos sucesos.
El cónsul argentino
en Canarias, Pablo Antonio de Angelis, ha confirmado hoy a Efe que la
juez María Servini ha admitido a trámite la querella de este colectivo
de Gran Canaria y la ha unido a la causa en la que se investiga la
posible comisión de crímenes de lesa humanidad durante la Guerra Civil
española y la dictadura.
"Todas las denuncias
formuladas en España han sido incorporadas a la causa y su aporte ha
sido muy significativo para el avance de la misma", ha señalado el
cónsul, citando, a su vez, la comunicación escrita que ha recibido de
las autoridades de su país.
La querella remitida
desde Gran Canaria pide a la juez Servini que investigue los hechos
ocurridos en la isla el 29 de marzo de 1937, cuando fueron fusilados el
alcalde de San Lorenzo, Juan Santana Vega; el secretario del
Ayuntamiento, Antonio Ramírez Graña; el inspector jefe de la Policía
local, Manuel Hernández Toledo, y los sindicalistas Francisco González
Santana y Matías López Morales.
La denuncia asegura que todos ellos fueron además torturados y que el
hijo de Francisco González Santana, un bebé de cuatro meses, fue
asesinado por falangistas y militares, que lo arrojaron violentamente
contra una pared durante un registro.
La querella la
interpusieron en el Consulado Argentino en Santa Cruz de Tenerife el
pasado 3 de octubre dos nietos de González Santana: Francisco Manuel
González Tejera y Juana del Pino González Santana.
Ambos piden a la juez federal número 1 de Buenos Aires que, en
aplicación de la jurisdicción universal sobre crímenes contra la
humanidad, investigue el caso de los fusilados de San Lorenzo y condene a
España "por ocultar y proteger a los sus asesinos".
También solicitan a la magistrada argentina que ordene la exhumación de
los fusilados (enterrados en una fosa común del Cementerio de Las
Palmas) y que sus restos sean identificados y entregados a sus
familiares, para que puedan darles sepultura.
En un
comunicado, la Plataforma de Familiares de los Fusilados de San Lorenzo
expresa "su agradecimiento profundo al pueblo y a la Justicia argentina
por haberse declarado competente para juzgar el asesinato" de sus
familiares, que fueron fusilados, añade, "por el único motivo de
defender la democracia y la libertad, ante el golpe fascista contra la
legítima República".
Este colectivo confía en que,
"una vez aceptada la demanda, se podrá determinar e identificar
judicialmente a quienes participaron de aquellos hechos terribles e
imputarlos, más allá de que estén vivos o muertos".
"Es una vergüenza que otro país tenga que investigar lo que en el Estado
español su gobierno y la judicatura han negado a unas familias,
amparadas por la Justicia universal, en unos delitos de crímenes de lesa
humanidad que jamás prescriben, prohibiéndonos en varias sentencias
judiciales algo tan humano como la recuperación de los huesos de
nuestros muertos", añade.
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