BOLIVIA, LA IGLESIA SIN DEMOCRACIA

Bolivia: La Iglesia y la Ley Antirracismo

La Iglesia, nunca será democrática y aunque actúa como partido político, es jerárquica, depende del Papa y el actual, trabajó arduamente para desmantelar la Teología de la Liberación.

Fortunato Esquivel | Para Kaos en la Red | 2-10-2010 a las 19:35 | 59 lecturas

www.kaosenlared.net/noticia/bolivia-iglesia-ley-antirracismo

El Vaticano junto al racista Hitler El lunes 27 de septiembre, la Conferencia Episcopal, emitió por escrito una advertencia sobre el proyecto que debate el Senado y los medios denominan “Ley Antirracismo”, señalando que da lugar a un estado de inseguridad jurídica para las personas individuales y colectivas. El secretario del organismo, Oscar Aparicio se encargó de transmitir el criterio.

Como había que dorar la píldora, Monseñor Aparicio aseguró que “por principio” la Iglesia rechaza toda forma de discriminación y racismo y fundamenta su compromiso en la ley natural universal y en los valores propios de nuestras culturas, porque somos hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza y, por lo tanto, iguales en dignidad.

Una bellísima oratoria, pero poco creíble. La Iglesia, nunca será democrática y aunque actúa como partido político, es jerárquica, depende del Papa y el actual, trabajó arduamente para desmantelar la Teología de la Liberación y sacar a patadas cuanto cura estuviera afiliado a ella. Fue la más convencedora muestra de discriminación ejecutada a nivel universal. Los que quedaron, se cuidan mucho de “usar la libertad de expresión”.

Si fuera verdad que “por principio” la Iglesia rechaza toda forma de discriminación a estas alturas no estaría dividida. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero, fue a la puerta de la iglesia de Todos los Santos y allí clavó 95 proposiciones contra la venta de indulgencias. Le hubieran quemado, si no escapaba. En venganza, tradujo la Biblia al alemán como desafío, porque era una de las múltiples prohibiciones de la santa y pecadora Iglesia.

Mucha plata estuvo acumulando el papa León X, vendiendo remisiones de pecados, para permitir que las almas del purgatorio salgan de esa carceleta para ir a gozar de Dios. Hoy en día, con unos 50 mil dólares, el que esto escribe, podría liberar a su papá de allí por haber tenido dos mujeres, pero como murió protestante, seguro fue directo al cielo.

No es verdad que la Iglesia rechaza “toda forma de discriminación”. Si fuera cierto, no andaría levantando trancas exigiendo certificados de bautizo y matrimonio por la Iglesia a los padres para inscribir a los escolares en sus colegios. No rechazaría hijos de divorciados o solteros. Tampoco se fijaría en que los aspirantes, lleguen con bajas calificaciones.

Tras perseguir y discriminar a los curitas del Tercer Mundo, quedaron únicamente los del primer mundo, preocupadísimos por la Ley Antirracismo. Esta es la iglesia que siempre estuvo al lado de los ricos y persiguió desde antaño a los que no comparten sus puntos de vista.

En nuestro país tenemos claros ejemplos de esa centenaria persecución en los anabaptistas, también conocidos como Menonitas, que andan en plena extinción, vendiendo quesos, sembrando soya y dejando improductivas miles de hectáreas. A mediados del siglo pasado, los Bautistas de Bolivia se quejaban porque un cura les perseguía sañudamente en el altiplano. Claro que después, se arrepintió de esa indigna labor y hasta se convirtió en defensor de los derechos humanos.

Los curas del primer mundo, salieron en patota para criticar y atacar la norma que procesa el Senado, no para defender la libertad de expresión ni a los periodistas, supuestamente atacados, sino a los dueños de medios, que junto a la SIP (cartel de 1.400 empresarios) están preocupados por la clausura de sus armas de ataque a la democracia de los pobres. La SIP no lucha por la libertad de expresión, sino por la “libertad de presión”.

Es necesario dejar al Senado hacer su trabajo. Si hay errores, con seguridad los corregirán con ayuda de los periodistas de profesión, agremiados en sindicatos y federaciones. Es preciso garantizar que la norma defienda a los débiles y discriminados, frente a los poderosos, satisfechos e impunes.