La ONU muestra su rechazo a la ley del PP que impide el aborto sin consentimiento paterno
España se sometió el pasado 8 de julio al escrutinio del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.
Este lunes se han hecho públicos los resultados.
El Parlamento español no debería aprobar
el proyecto de ley que impide a las menores de 18 años abortar sin el
consentimiento de sus padres, según sugirió este lunes el Comité de Naciones Unidas
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW),
basándose en las conclusiones de una evaluación a la que este organismo
sometió a España el pasado 8 de julio.
Los miembros del Comité muestran su “preocupación” por el hecho de que el nuevo proyecto de ley, que establece que las menores de 18 años sólo puedan abortar si cuentan con el consentimiento de sus padres o tutores, ya haya sido probado por el Congreso de los diputados, y pide expresamente que la nueva norma “no se adopte”.
En la misma línea, las expertas recomiendan a España que la educación sexual
y de derechos reproductivos sea obligatoria como parte del currículum
regular, “incluyendo educación sobre comportamiento sexual responsable,
prevención de embarazos tempranos y enfermedades de transmisión sexual”.
Por otra parte, el Comité “está alarmado por la prevalencia de la violencia contra la mujer,
incluyendo violencia sexual, con un alto porcentaje de mujeres que
mueren como resultado de violencia de género en relaciones íntimas”.
Ante esta situación, las expertas critican que la ley orgánica 1/2004 no
cubra la violencia de género ajena a la pareja, y la “limitada
disponibilidad” de refugios para mujeres.
Asimismo, el Comité se alarma ante el número de niños que murieron a manos de sus padres
durante las visitas, 20 entre 2008 y 2014. En este caso, el Comité pide
que se revise la legislación para que incluya la violencia de género
ejercida por cuidadores o policías, entre otros, y que se estipule
obligatorio la formación para jueces, fiscales y policías sobre el
alcance de la violencia de género.
Además, las expertas piden a España que haga todo lo posible para que las niñas y las mujeres denuncien las agresiones que sufren, y que el Estado les proporcione suficiente apoyo y ayuda.
El Comité comienza su informe lamentando
que las medidas de austeridad hayan afectado especialmente a las
mujeres, que han dejado de obtener beneficios sociales o, directamente,
han perdido sus empleos.
En este sentido lamenta que los inmigrantes indocumentados
hayan perdido el derecho de ser atendidos en la sanidad pública y pide
que se reinstaure ese derecho para que las mujeres que residen en
territorio español, sin tener en cuenta su estatus migratorio, puedan
contar con los cuidados médicos adecuados.
Equilibrio salarial
Asimismo, las expertas denuncian que la diferencia salarial entre hombres y mujeres (17,8%) sea mayor que la media de la Unión Europea,
y que la representación femenina en posiciones de decisión en la
empresa (18,2%) sea muy baja. En ese sentido, el Comité lamenta que la
ley 31/2014 no incluya sanciones para las empresas que no cumplan con la necesidad de un equilibrio de género en sus consejos de administración.
En la misma línea, el Comité lamenta la baja representación femenina en cargos de responsabilidad política y recuerda que sólo 4 de los 17 presidentes de comunidades autónomas son mujeres y que sólo 12 de 199 embajadores del cuerpo diplomático son féminas.
Para equilibrar esta situación, las
expertas recomiendan a España que adopte medidas especiales, como un
sistema de cuotas, para incrementar la participación de la mujer en la vida política
del país. Finalmente, el Comité pide a España que “considere el
restablecimiento del Ministerio de Igualdad de Género” con recursos
personales y financieros suficientes.
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