Fracasa el golpe norteamericano en Venezuela
- Categoría: Imperialismo
- Publicado: Miércoles, 25 Febrero 2015 12:04
- Escrito por Thierry Meyssan
El presidente Obama había emitido un
claro aviso. Lo puso por escrito en su nueva doctrina de defensa
(National Security Strategy): «Estamos del lado de los ciudadanos cuyo
pleno ejercicio de la democracia está en peligro, como los venezolanos».
Siendo Venezuela, desde la adopción de la Constitución de 1999, uno de
los Estados más democráticos del mundo, esa frase presagiaba lo peor en
materia de intentos destinados a impedir su marcha por el camino de la
independencia y la redistribución de la riqueza nacional.
Era el 6 de febrero de 2015. Washington
terminaba de planificar el derrocamiento de las instituciones
democráticas de Venezuela. El golpe de Estado estaba planificado para el
12 de febrero.
La «Operación Jericó» contaba con la
supervisión del Consejo de Seguridad Nacional (NSC), bajo la
responsabilidad de Ricardo Zúñiga. Este «diplomático» es el nieto de
otro Ricardo Zúñiga, el presidente del Partido Nacional de Honduras que
organizó los golpes militares de 1963 y de 1972 a favor del general
López Arellano. El Ricardo Zúñiga que ahora trabaja en la Casa Blanca
dirigió desde 2009 hasta 2011 la estación de la CIA en La Habana, donde
reclutó agentes y los financió para fabricar una oposición contra Fidel
Castro a la vez que negociaba la reanudación de las relaciones
diplomáticas con Cuba, finalmente anunciada en 2014.
Como siempre en ese tipo de operaciones,
Washington se esfuerza por no parecer implicado en los acontecimientos
que sin embargo dirige. La CIA organiza y dirige a los golpistas a
través de organizaciones supuestamente no gubernamentales: la NED
(National Endowment for Democracy) y sus dos tentáculos de derecha, el
International Republican Institute (IRI) y de izquierda, el National
Democratic Institute (NDI); la Freedom House y el International Center
for Non-Profit Law.
Además, Estados Unidos siempre recurre a
sus aliados utilizándolos como contratistas en ciertos aspectos del
putsch. Esta vez participaron al menos Alemania –a cargo de la
protección de los ciudadanos de los países de la OTAN durante el golpe–,
Canadá –a cargo del control del aeropuerto internacional civil de
Caracas–, Israel –encargado de garantizar los asesinatos de varias
personalidades chavistas– y el Reino Unido –a cargo de la propaganda de
los golpistas. Finalmente, también moviliza sus redes políticas para que
reconozcan a los golpistas: en Washington, el senador Marco Rubio; en
Chile, el ex presidente Sebastián Piñera; en Colombia, los ex
presidentes Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana; en México, los ex
presidentes Felipe Calderón y Vicente Fox; en España, el ex presidente
del gobierno José María Aznar.
Para justificar el putsch, la Casa
Blanca había estimulado grandes empresas venezolanas a retener en sus
almacenes enormes cantidades de productos de primera necesidad. La no
distribución de esos productos tenía como objetivo provocar grandes
colas ante los comercios y el estallido de motines estimulados por la
acción de provocadores infiltrados entre los consumidores descontentos.
La maniobra fracasó ya que, a pesar de la escasez artificialmente
provocada durante enero y febrero y de las colas ante las tiendas, los
venezolanos nunca llegaron a atacar los comercios.
Para reforzar el sabotaje económico, el
presidente Obama había firmado, el 18 de diciembre de 2014, una ley que
impone sanciones contra Venezuela y contra varios de sus dirigentes.
Oficialmente, Washington decía querer sancionar a las personalidades
responsables de la represión contra manifestaciones estudiantiles. En
realidad, desde el inicio del año, Washington estaba pagando un salario
-4 veces superior al ingreso medio de los venezolanos– a los miembros de
pandillas que se dedicaban a agredir a las fuerzas del orden. Estos
falsos estudiantes asesinaron a 43 personas en varios meses y sembraban
el terror en las calles de Caracas.
La acción militar estaba bajo la
supervisión del general Thomas W. Geary, desde la sede del SouthCom en
Miami, y de Rebecca Chavez, desde el Pentágono. Como subcontratista de
la parte militar del golpe aparecen el ejército privado Academi (ex
Blackwater); una firma actualmente administrada por el almirante Bobby
R. Inman (ex jefe de la NSA) y John Ashcroft (ex secretario de Justicia
de la administración Bush).
Según esa parte del plan, un avión
militar Super Tucano, matrícula N314TG, comprado por Academi en
Virginia, en 2008, para asesinar a Raúl Reyes, número 2 de las FARC
colombianas, avión falsamente identificado con las insignias de las
fuerzas armadas de Venezuela, debía bombardear el palacio presidencial
de Miraflores y otros objetivos entre los que se encontraban la sede del
ministerio de Defensa, la dirección de Inteligencia y la sede de
TeleSur, el canal de televisión multinacional creado por el ALBA. El
avión se hallaba en Colombia, el cuartel general de los putchistas había
sido instalado en la embajada de Estados Unidos en Bogotá –la capital
colombiana– con la participación del embajador estadounidense Kevin
Whitaker y de su segundo, Benjamin Ziff.
Varios oficiales superiores, activos y
retirados, habían grabado de antemano un mensaje a la Nación anunciando
que habían tomado el poder para restaurar el orden en el país. También
estaba previsto que suscribirían el plan de transición, publicado en la
mañana del 12 de febrero de 2015 en el diario El Nacional y redactado
por el Departamento de Estado estadounidense. El plan incluía la
formación de un nuevo gobierno, encabezado por la ex diputada María
Corina Machado.
María Corina Machado fue presidenta de
Súmate, la asociación que organizó y perdió el referéndum revocatorio
contra el presidente Hugo Chávez Frías, en 2004, utilizando para ello
–ya en aquel momento– los fondos de la NED (National Endowment for
Democracy) y los servicios del publicista francés Jacques Seguela. A
pesar de aquella derrota, María Corina Machado fue recibida con honores
por el presidente George W. Bush en el Buró Oval de la Casa Blanca el 21
de marzo de 2005. Después de ser electa en 2011 como representante del
Estado de Miranda, el 21 de marzo de 2014 María Corina Machado se
presentó ante la Organización de Estados Americanos (OEA) como jefa de
la delegación de Panamá a ese foro continental y fue inmediatamente
destituida de su cargo de diputada por haber violado así los artículos
149 y 191 de la Constitución de Venezuela.
Para facilitar la coordinación del
putsch, María Corina Machado organizó en Caracas, el 26 de enero, un
coloquio denominado «Poder ciudadano y Democracia hoy», en el que
participaron la mayoría de las personalidades venezolanas y extranjeras
vinculadas a la intentona golpista.
¡Mala suerte! La Inteligencia Militar
venezolana estaba vigilando a las personalidades sospechosas de haber
fomentado un complot anterior para asesinar al presidente Maduro. En
mayo de 2014, el fiscal de Caracas había acusado a María Corina Machado,
el gobernador Henrique Salas Romer, el ex diplomático Diego Arria, el
abogado Gustavo Tarre Birceño, el banquero Eligio Cedeño y el hombre de
negocios Pedro M. Burelli, quienes negaron haber escrito sus propios
e-mails afirmando que habían sido falsificados por la Inteligencia
Militar. Por supuesto, todos eran cómplices.
Al seguir la pista de estos
conspiradores, la Inteligencia Militar descubrió la «Operación Jericó».
En la noche del 11 de febrero, los principales líderes de la
conspiración y un agente del Mosad israelí fueron arrestados y se
reforzó la protección aérea de la capital venezolana. Otros implicados
fueron arrestados el 12 de febrero. El día 20, las confesiones de los
arrestados permitieron la detención de otro cómplice: el alcalde de
Caracas, Antonio Ledezma.
El presidente Nicolás Maduro compareció
de inmediato en televisión denunciando a los conspiradores. Mientras
tanto, en Washington, la portavoz del Departamento de Estado hacía reír a
los periodistas que recordaban el golpe de Estado organizado por Obama
en 2009 en Honduras o más recientemente, en enero de 2015, en la
intentona golpista de Macedonia, al declarar: «Esas acusaciones, como
todas las anteriores, son ridículas. Es una política de hace tiempo,
Estados Unidos no apoya las transiciones políticas por medios no
constitucionales. Las transiciones políticas deben ser democráticas,
constitucionales, pacíficas y legales. Hemos visto varias veces que el
gobierno venezolano trata de desviar la atención de sus propias acciones
acusando a Estados Unidos u otros miembros de la comunidad
internacional por los acontecimientos en el interior de Venezuela. Esos
esfuerzos reflejan falta de seriedad de parte del gobierno de Venezuela
al enfrentar la grave situación que está confrontando.»
Para los venezolanos, este golpe de
Estado abortado plantea un grave dilema: ¿Cómo mantener la democracia
cuando los principales líderes de la oposición están en la cárcel por
haber preparado crímenes en contra de la democracia?
Para quienes aún creen, erróneamente,
que Estados Unidos ha cambiado, que ese país ha dejado de ser una
potenciar imperialista y que ahora defiende la democracia en el mundo,
la «Operación Jericó» es un obligado tema de reflexión.
Fuente: Questión Digital
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