ABUSOS A MENORES EN LA CASA PIA

REPORTAJE: EL ESCÁNDALO DE LA PEDERASTIA
Aberraciones en una casa no tan pía

El juicio más largo de la historia de Portugal llega a su fin. El tribunal fallará sobre cientos de abusos a menores

FRANCESC RELEA 29/11/2008

Los relatos de las víctimas son aberrantes. "Fue una experiencia que me marcó mucho. Estaba vigilado las 24 horas del día. Vivía en una especie de prisión, y en ella sufrí abusos durante muchos años", ha contado Ricardo. "Sentí odio cuando les vi allí, enfrente. Los habría matado si hubiera podido", ha reconocido André, al recordar su encuentro con los violadores durante el juicio. Algunos de aquellos muchachos buscaron el suicidio. Uno se lanzó desde un segundo piso. El Estado acabó indemnizándolos con 50.000 euros a cada uno, pero la mayoría de los acusados, personas muy influyentes, está libre. Eso es todo, hasta ahora, en el proceso de la Casa Pía, el más largo y siniestro de la historia portuguesa, que esta semana entró en la fase de alegaciones finales. La obstrucción de la policía y las presiones sobre los jueces han sido moneda común en la evolución del escándalo.

La Casa Pía de Lisboa es una institución cuyos orígenes se remontan a 1780, cuando fue fundada por María I, conocida como Pía, ante el caos social provocado por el terremoto de 1755. El objetivo declarado es acoger, en régimen de internado, a muchachos marginados o huérfanos y darles la formación necesaria para su integración en la sociedad. Buenos propósitos para una institución que ha sido escenario de las historias más sórdidas.

El escándalo salió a la luz pública el 23 de noviembre de 2002, cuando Joel, ex alumno, acusó de abusos sexuales a varias figuras públicas y al ex funcionario de la Casa Pía Carlos Silvino da Silva, conocido con el sobrenombre de Bibi. La periodista Felicia Cabrita destapó el caso en el semanario Expresso y el canal de televisión SIC. Empezó a tirar de la madeja y asomó una red de pedofilia que incluía a diplomáticos, políticos, deportistas, animadores de televisión. Gente importante, en suma.

Dos días después, Silvino da Silva fue detenido y, desde entonces, es el principal acusado del caso. El perfil de este antiguo jardinero y chófer de la institución merece una historia aparte. De muchacho fue alumno en la Casa Pía, donde, según ha declarado, fue violado desde que tenía cuatro años. Bibi pasó "hambre, frío y miseria" y a los 10 años ya consideraba normales las relaciones homosexuales con otros alumnos. Fue descubierto abusando de un menor que necesitó atención médica; acabó expulsado del centro, pero, misteriosamente, fue readmitido tras presentar un recurso judicial.

Esta periodista tuvo acceso a documentación de los años setenta en la que ya aparecen hombres ricos estadounidenses que acudían a la institución en busca de muchachos. "Había médicos de California", precisa Cabrita. Silvino da Silva era el suministrador de niños que participaban en orgías en las que recibían dinero a cambio del silencio. Individuos que llegaban a Lisboa en aviones privados, vehículos de alta gama con alumnos de la Casa Pía en el aeropuerto para ser trasladados a Estados Unidos "para efectuar filmaciones y sexo". Portugal padecía todavía la dictadura salazarista en aquella época.

Américo Henriques, profesor de relojería en la Casa Pía, se cansó de clamar en el desierto sobre las andanzas del antiguo chófer. Informó a la dirección del centro, abrió un proceso disciplinario a Bibi, acudió a la Policía Judicial... sin ningún resultado. Teresa Costa Macedo, en 1982 secretaria de Estado de Asuntos Sociales para la Familia, entregó a la Policía Judicial documentos y fotografías que probaban que no se trataba sólo de un personaje siniestro, sino de una red de pederastia que implicaba a políticos del Partido Socialista (PS) y del Partido Social Demócrata (PSD), las dos grandes fuerzas políticas que se han repartido el poder en Portugal a lo largo de los últimos 30 años.

Cuando Expresso destapó el escándalo, el entonces director de la Casa Pía, Luis Rebelo, trató de convertir a Silvino da Silva en el chivo expiatorio, al declarar que se trataba de un solo funcionario entre más de 1.000. Fue destituido. El Gobierno nombró en su puesto a la prestigiosa educadora Catalina Pestana, 61 años, primera mujer que ocupaba el cargo. "El ambiente que se vive en la Casa Pía es el de una película de terror. Existen otras personas involucradas, pero los menores no saben sus nombres, sólo conocen las caras y les llaman señor doctor y señor ingeniero", dijo, después de comprobar lo que se cocía en la institución.

Empezaron a salir nombres, además del de Carlos Silvino, acusado de más de 1.000 delitos, de los que se ha declarado responsable. Dos alumnos de la Casa Pía desaparecieron y fueron encontrados días más tarde en la casa del ex embajador Jorge Marques de Leitão Ritto, 72 años, en Cascais. Está acusado de nueve delitos de lenocinio y dos de abusos sexuales. Más adelante, tres alumnos de la Casa Pía dieron el nombre del implicado más mediático: Carlos Cruz, 66 años, uno de los presentadores de televisión más populares. Está acusado de cinco delitos de abuso sexual y uno de actos homosexuales con adolescentes. João Aibeó, fiscal del caso, afirma que al menos dos delitos están probados.

En mayo de 2003, el escándalo adquirió proporciones alarmantes y puso en la picota al número dos del Partido Socialista, Paulo Pedroso. Detenido por abuso sexual de menores, a los cuatro meses fue liberado y regresó como un héroe al Parlamento, donde conserva su escaño de diputado.

Ferreira Diniz, médico de 54 años, está acusado de 18 delitos de abuso de menores; Manuel Abrantes, 54 años, antiguo director adjunto de la institución, responde por 43 delitos de abuso de persona interna, 5 de abuso sexual de menores, 2 de lenocinio y 1 de fraude; el abogado Hugo Marçal, 48 años, está acusado de 22 delitos de lenocinio y 14 de abusos sexuales; y Gertrudis Nunes, 66 años, es la dueña de la casa de Elvas, junto a la frontera con Extremadura, donde se organizaban orgías con menores. Son en total siete procesados. Los tres jueces del tribunal -Ana Peres (presidenta), Ester Santos y Jose Manuel Lopes Barata- tendrán que dictar sentencia cuatro años después del comienzo del juicio.

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